“Hemos de poner a las personas en el centro de las políticas”. Bajo esta premisa, Patim ha detallado a los representantes de las principales formaciones políticas que aspiran a convertirse en nuevo Gobierno una serie de propuestas sobre sanidad, empleo y política social. Uno de las principales demandas de la entidad es la supresión de la ley de seguridad ciudadana por su “carácter prohibicionista y represivo”.
El presidente de Patim, Francisco López y Segarra, pone como ejemplo que las personas mayores de 18 años sancionadas por consumo en la vía pública ya no pueden acudir a cursos reeducativos tras la entrada en vigor de la “ley mordaza” y solo tienen la opción de pagar una sanción económica. “Resulta incomprensible que siendo el cannabis -junto con el alcohol- la droga principal de consumo entre los jóvenes, las políticas de sanidad prioricen el pago de la multa antes que podamos trabajar con ellos de forma directa a través de los cursos reeducativos que existían hasta que entró la norma regresiva”, asegura López y Segarra. También demanda una mayor atención a la prevención y las adicciones sin sustancia, especialmente el juego on line.
Al abordar la colaboración de las instituciones públicas y las entidades sociales, desde Patim se ha insistido en la necesidad de fijar “criterios participativos” en la financiación pública de los servicios que prestan las organizaciones no gubernamentales así como “favorecer la pluralidad” de entidades que acceden a la concesión de estas subvenciones. Por ello, propone establecer cláusulas específicas que permitan valorar aspectos que considera fundamentales en las organizaciones del Tercer Sector. López y Segarra valora cinco elementos con fundamentales: el carácter no lucrativo y la reinversión de excedente en la causa social como entidades de economía social; la trayectoria y experiencia profesional; el enfoque profesionalizado; la gestión de voluntariado incorporado a los servicios y, por último, el trabajo en red con otras entidades y servicios públicos. “Debemos evitar la instrumentalización de las ONG por parte de las empresas para acceder a contrataciones públicas en sanidad y acción social”, remarca.
López y Segarra también ha querido poner de manifiesto la urgencia de fomentar los programas para favorecer la empleabilidad de la población en riesgo de exclusión y establecer un “pacto social” de todos los partidos sobre inclusión social. El presidente de Patim ha insistido ante PP, PSOE, Esquerra Unida, Ciudadanos, UPyD y Podemos sobre las dificultades que atraviesan tanto las personas en riesgo de exclusión como las organizaciones que trabajan en el ámbito sociosanitario. En total se han presentado catorce propuestas -cada una acompañada por acciones concretas- sobre voluntariado, violencia de género, adicciones, economía social, empleo, juventud y Tercer Sector, que abarcan desde temas estructurales como otros de carácter más específico vinculados con los colectivos en riesgo de exclusión hacia los que se dirigen muchos de los programas y servicios de entidades declaradas de utilidad pública.
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