Patim ha puesto en marcha su agencia de colocación. Un servicio de intermediación laboral autorizado por la Generalitat Valenciana cuyo objetivo es incrementar las oportunidades de las personas desempleadas para lograr un puesto de trabajo. Las primeras personas ya han sido atendidas en el centro ubicado en el Paseo Ribalta de Castellón.
Tras varios meses de gestiones, este proyecto ha obtenido el visto bueno de la Comisión de Valoración de la Conselleria de Empleo, y permite que Patim pueda gestionar ofertas de trabajo y solicitudes de empleo de todo el estado. La vigencia de la autorización es de cinco años.
La Agencia de colocación número 1000000090 de Patim, mantiene una estrecha vinculación con el Servicio Valenciano de Empleo (Servef), remitiendo información periódica sobre las demandas y ofertas de empleo, así como del resto de actividades que realice. “Trabajamos en el mismo sentido y por eso la coordinación entre ambos servicios es fundamental para conseguir unos buenos resultados”, asegura el presidente de Patim, Francisco López y Segarra. Por cada persona atendida en la Agencia se ha de remitir un informe específico con indicación expresa de las acciones realizadas, así como la información acumulada sobre las mismas, incluyendo la referida a las ofertas y puestos de trabajo captados y cubiertos.
López y Segarra recuerda que articular estos nuevos servicios para dinamizar el mercado laboral “no se puede entender como una respuesta aislada”, conlleva una mayor implicación de las empresas para que “hagan llegar a las Agencias de colocación sus ofertas laborales y a través de ellas se busquen los perfiles que más se adaptan a sus demandas de empleo”. Una inquietud que también se ha puesto de manifiesto a través de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación y Recolocación (ADAGCRE), constituida el pasado mes de diciembre.
Con la puesta en marcha de la Agencia de colocación, Patim da un nuevo impulso a una de sus principales áreas de actuación, la inserción laboral, que en los dos últimos años ha logrado que un centenar de personas en riesgo de exclusión consiguiera un contrato laboral. “Ya no sólo ofrecemos respuestas laborales a las personas que atendemos desde hace casi treinta años, sino también a la población general que está desempleada”, remarca López y Segarra, consciente que “cada vez más familias se acercan al umbral de la exclusión social” porque todos sus miembros están sin trabajo y a punto de acabar su prestación adicional por desempleo o la ayuda que perciban vinculada al cumplimiento de unos requisitos concretos que marca la administración.
